En lo que constituye un nuevo golpe al régimen de blanqueo de capitales y a la amplia moratoria, que fue impulsada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia declaró la inconstitucionalidad del blindaje penal que protege a los deudores que adhirieron al régimen y aún hoy siguen ingresando mensualmente las cuotas comprometidas ante el fisco.
La Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Tributario consideró que como el plazo máximo de regularización es muy extenso (10 años), los directivos de las compañías y los particulares quedan en un estado de incertidumbre y desprotección que podría dañar la imagen empresarial y la posibilidad de concretar nuevos negocios.
Esto esa así dado que debe transcurrir dicho lapso para que un contribuyente, que al momento del acogimiento cursaba una acción penal, vea extinguida definitivamente dicha accción, tras la cancelación de la deuda. De esta forma, aseguraron los expertos consultados por iProfesional.com, se atenta contra el derecho de defensa y la posibilidad de contar con una definición en menor tiempo.
La referida causa involucra al directivo A.L.D., que se desempeña en la empresa "S.C. SRL". En concreto, el ejecutivo solicitó a los magistrados que "pongan fin a la situación de incertidumbre creada por la denuncia en la que fue involucrado, propiciando que se declare la inconstitucionalidad del artículo 3º de la ley que impuso el blanqueo y la moratoria".
Teniendo en cuenta que el artículo antes mencionado estableció la suspensión de las acciones penales en curso, hasta tanto sean regularizadas las obligaciones para las que se admitió un plazo máximo de hasta ciento veinte meses, A.L.D. argumentó que esa disposición "frustra la posibilidad que asiste a quien ha sido imputado de la comisión de un delito de ejercer su derecho de defensa y obtener un pronunciamiento definitivo de su situación en un lapso razonable".
fallo completo
http://contadores.iprofesional.com/adjuntos/pdf/2010/12/337355.pdf
miércoles, 15 de diciembre de 2010
viernes, 3 de diciembre de 2010
Los bonaerenses ya tienen cobertura gratis para fertilización asistida
El Senado bonaerense le dio sanción definitiva al proyecto sobre fertilización asistida en el que se otorgará cobertura gratuita en todos los tratamientos necesarios para parejas que tengan dificultades para tener hijos, que no cuenten con obra social y que acrediten tres años de residencia en territorio bonaerense.
El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Collia, celebró la sanción e informó el hospital San Martín de La Plata será el centro de entrenamiento para los profesionales y técnicos que realicen esos tratamientos en el sector público provincial.
"Dado que el Ministerio de Salud provincial será la autoridad de aplicación de esta ley decidimos concentrar en el San Martín de La Plata los recursos tecnológicos y los capacitadores que formarán a los médicos y técnicos de nuestros hospitales en el diagnóstico y tratamiento de los problemas de fertilidad", explicó tras la aprobación del proyecto en el Senado bonaerense.
Además, el titular de la cartera sanitaria adelantó que de acuerdo con las evaluaciones realizadas unas 485.000 personas residentes en la Provincia de Buenos Aires "podrían demandar tratamientos de fertilización en alguno de los cuatro hospitales ya seleccionados para efectuar dicho programa: el Güemes de Haedo, el San Martín de La Plata, el Oscar Alende de Mar del Plata y el Penna de Bahía Blanca".
Igualdad de oportunidades
Finalmente, el funcionario destacó que la nueva ley "pone en pie de igualdad a aquellos que tienen capacidad de pago para costear un tratamiento de fertilización con aquellos que no la tienen".
Y agregó que plasmar "este proyecto en una ley demuestra que no se trata de una medida aislada sino de una política sustentable en el tiempo".
De acuerdo a lo especificado por el ministro, en una primera etapa "se emplearán las técnicas de fertilización asistida de baja complejidad" como la detección de alteraciones leves en los espermogramas, dificultades coitales, algunos problemas del cuello uterino, alteraciones ovulatorias y endometriosis leves, entre otras.
Los problemas de fertilidad afectan a 1 de cada 6 parejas en edad fértil. Sin embargo, hasta ahora, no se la consideraba legalmente una enfermedad, por lo tanto los afectados no contaban con cobertura de obra social o prepagas ni por parte del Estado.
El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Collia, celebró la sanción e informó el hospital San Martín de La Plata será el centro de entrenamiento para los profesionales y técnicos que realicen esos tratamientos en el sector público provincial.
"Dado que el Ministerio de Salud provincial será la autoridad de aplicación de esta ley decidimos concentrar en el San Martín de La Plata los recursos tecnológicos y los capacitadores que formarán a los médicos y técnicos de nuestros hospitales en el diagnóstico y tratamiento de los problemas de fertilidad", explicó tras la aprobación del proyecto en el Senado bonaerense.
Además, el titular de la cartera sanitaria adelantó que de acuerdo con las evaluaciones realizadas unas 485.000 personas residentes en la Provincia de Buenos Aires "podrían demandar tratamientos de fertilización en alguno de los cuatro hospitales ya seleccionados para efectuar dicho programa: el Güemes de Haedo, el San Martín de La Plata, el Oscar Alende de Mar del Plata y el Penna de Bahía Blanca".
Igualdad de oportunidades
Finalmente, el funcionario destacó que la nueva ley "pone en pie de igualdad a aquellos que tienen capacidad de pago para costear un tratamiento de fertilización con aquellos que no la tienen".
Y agregó que plasmar "este proyecto en una ley demuestra que no se trata de una medida aislada sino de una política sustentable en el tiempo".
De acuerdo a lo especificado por el ministro, en una primera etapa "se emplearán las técnicas de fertilización asistida de baja complejidad" como la detección de alteraciones leves en los espermogramas, dificultades coitales, algunos problemas del cuello uterino, alteraciones ovulatorias y endometriosis leves, entre otras.
Los problemas de fertilidad afectan a 1 de cada 6 parejas en edad fértil. Sin embargo, hasta ahora, no se la consideraba legalmente una enfermedad, por lo tanto los afectados no contaban con cobertura de obra social o prepagas ni por parte del Estado.
miércoles, 1 de diciembre de 2010
Células madre: confirman la inconstitucionalidad de norma que dispone el uso público
Lo resolvió la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En el caso, una pareja había cuestionado la resolución del INCUCAI que establece la “donación forzada” de las células progenitoras hematopéyicas.
La Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó un fallo que había hecho lugar a una acción de amparo presentada por una pareja y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de la resolución 69/09 del INCUCAI, que dispone que las células progenitoras hematopéyicas se inscriban en un registro nacional para poder ser utilizadas por cualquier paciente.
En la causa, se había cuestionado aquella normativa en cuanto obliga a la pareja a ser donantes de las células madre obtenidas del nacimiento de su hija, quienes habían procurado conservarlas para su propio uso, en caso de que resulte necesario.
En primera instancia, el juez hizo lugar al planteo y aseguró que en la resolución cuestionada “se estableció el carácter ‘obligatorio’ de la donación para uso alogénico del material referido, sin que dicha ‘obligación’ hubiera estado prevista por ley formal; por lo que se advertía una violación directa al principio de libertad individual y la omisión de observancia del principio de legalidad de las obligaciones (art. 19 C.N.), situación que convertía a la norma -en el aspecto cuestionado- en claramente inconstitucional”. Esa decisión fue apelada por el Estado nacional.
Ante ello, la Cámara señaló que el examen de constitucionalidad planteado se limita a los artículos 6°, 7°, 8° y 9° de la resolución 69/09, por los que se estableció que las células provenientes de la sangre del cordón umbilical y de la placenta que se colecten para usos autólogos eventuales (propios) estarán disponibles para un uso alogénico (por terceros), luego de procederse a la inscripción obligatoria de las mismas en el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas.
Al respecto, dijo que la ley de trasplantes N° 24.193 resulta aplicable a la obtención y preservación de células madre y su posterior implante a seres humanos. “Consecuentemente, corresponde reparar en las disposiciones y en los principios que emergen de esta ley -que regula el trasplante de órganos y tejidos no renovables- como primera pauta de análisis a los fines de la inteligencia que pueda proponerse en torno a las previsiones contenidas en los arts. 6° y ccs. de la Resolución INCUCAI N° 69/09”, manifestó.
“A tal efecto, y sin dejar de advertir las particularidades del material que origina esta controversia (en tanto no existe ablación o extirpación de órganos ni de materiales anatómicos, ya que se trata de células recolectadas de la sangre de la placenta y del cordón umbilical que se desprenden naturalmente del cuerpo de la madre en el momento del parto), en orden a la aplicación de la ley 24.193 (conf. art. 1º, según texto de la ley 26.066) y con el objeto de ponderar su correspondencia -en lo que ahora interesa- con la resolución reglamentaria dictada por el INCUCAI, cabe atenerse a las normas que -dentro del articulado de aquélla- rigen ‘los actos de disposición provenientes de personas’ (donación entre personas vivas -conf. arts. 14 a 17-, por no tratarse evidentemente de materiales anatómicos cadavéricos, respecto a los que se halla prevista una regulación diversa -arts. 19 y ss.- en el sistema normativo implementado por la ley de trasplantes de órganos y tejidos no renovables)”, advirtió.
Así, resaltó, “de estas disposiciones contenidas en el Capítulo V, especialmente de lo establecido en el art. 15 de la ley 24.193, resulta el ‘principio de voluntariedad de la donación’, al instituirse el consentimiento del dador -o de su representante legal- como requisito indispensable, que no puede ser sustituido ni complementado y que, además, puede ser revocado ‘hasta el instante mismo de la intervención quirúrgica… ante cuya falta la ablación no será practicada’”.
“En estos términos, en el acto de disposición de órganos y materiales anatómicos -como lo admite el demandado en el escrito de apelación-, ‘prevalece la voluntad del interesado en el acto de donar’, como expresión de su decisión de donar o no donar”, indicó.
De este modo, destacó, “en la ley de trasplante de órganos y tejidos no renovables (cuya aplicación para la ‘obtención y preservación de células progenitoras hematopoyéticas y su posterior implante a seres humanos’ ha sido decidida por el legislador) y en las normas reglamentarias de la misma aparece instrumentada la previsión de varios recaudos a los fines de la donación e implante entre personas vivas, en las que rige el principio de la donación voluntaria, con acabado conocimiento y pleno consentimiento del acto de disposición en cuestión”.
Así, en el caso, dijo que “los actores han cumplido determinados actos (al contratar con un laboratorio privado, tercero ajeno a esta litis), tendientes a materializar su voluntad de conservar células progenitoras hematopoyéticas que fueron extraídas de la sangre de la placenta y del cordón umbilical en el momento del parto de su hija. Por el contrario, no han manifestado su decisión de donar ese material biológico, que especialmente previeron mantener bajo un sistema de criopreservación, con una finalidad -exclusiva- de uso autólogo, para el caso que -en el futuro- debiese ser utilizada para el tratamiento de alguna enfermedad que padeciera su hija”.
“No es posible pues entender que haya existido expresión de voluntad sobre acto de disposición alguno por parte de los actores, padres de la menor, que se han limitado a adoptar una conducta acorde con su decisión de preservar -para un exclusivo uso autólogo- las células progenitoras hematopoyéticas del cordón umbilical y de la placenta a la que aquélla se encontró unida intrauterinamente”, agregó.
ver fallo
La Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó un fallo que había hecho lugar a una acción de amparo presentada por una pareja y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de la resolución 69/09 del INCUCAI, que dispone que las células progenitoras hematopéyicas se inscriban en un registro nacional para poder ser utilizadas por cualquier paciente.
En la causa, se había cuestionado aquella normativa en cuanto obliga a la pareja a ser donantes de las células madre obtenidas del nacimiento de su hija, quienes habían procurado conservarlas para su propio uso, en caso de que resulte necesario.
En primera instancia, el juez hizo lugar al planteo y aseguró que en la resolución cuestionada “se estableció el carácter ‘obligatorio’ de la donación para uso alogénico del material referido, sin que dicha ‘obligación’ hubiera estado prevista por ley formal; por lo que se advertía una violación directa al principio de libertad individual y la omisión de observancia del principio de legalidad de las obligaciones (art. 19 C.N.), situación que convertía a la norma -en el aspecto cuestionado- en claramente inconstitucional”. Esa decisión fue apelada por el Estado nacional.
Ante ello, la Cámara señaló que el examen de constitucionalidad planteado se limita a los artículos 6°, 7°, 8° y 9° de la resolución 69/09, por los que se estableció que las células provenientes de la sangre del cordón umbilical y de la placenta que se colecten para usos autólogos eventuales (propios) estarán disponibles para un uso alogénico (por terceros), luego de procederse a la inscripción obligatoria de las mismas en el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas.
Al respecto, dijo que la ley de trasplantes N° 24.193 resulta aplicable a la obtención y preservación de células madre y su posterior implante a seres humanos. “Consecuentemente, corresponde reparar en las disposiciones y en los principios que emergen de esta ley -que regula el trasplante de órganos y tejidos no renovables- como primera pauta de análisis a los fines de la inteligencia que pueda proponerse en torno a las previsiones contenidas en los arts. 6° y ccs. de la Resolución INCUCAI N° 69/09”, manifestó.
“A tal efecto, y sin dejar de advertir las particularidades del material que origina esta controversia (en tanto no existe ablación o extirpación de órganos ni de materiales anatómicos, ya que se trata de células recolectadas de la sangre de la placenta y del cordón umbilical que se desprenden naturalmente del cuerpo de la madre en el momento del parto), en orden a la aplicación de la ley 24.193 (conf. art. 1º, según texto de la ley 26.066) y con el objeto de ponderar su correspondencia -en lo que ahora interesa- con la resolución reglamentaria dictada por el INCUCAI, cabe atenerse a las normas que -dentro del articulado de aquélla- rigen ‘los actos de disposición provenientes de personas’ (donación entre personas vivas -conf. arts. 14 a 17-, por no tratarse evidentemente de materiales anatómicos cadavéricos, respecto a los que se halla prevista una regulación diversa -arts. 19 y ss.- en el sistema normativo implementado por la ley de trasplantes de órganos y tejidos no renovables)”, advirtió.
Así, resaltó, “de estas disposiciones contenidas en el Capítulo V, especialmente de lo establecido en el art. 15 de la ley 24.193, resulta el ‘principio de voluntariedad de la donación’, al instituirse el consentimiento del dador -o de su representante legal- como requisito indispensable, que no puede ser sustituido ni complementado y que, además, puede ser revocado ‘hasta el instante mismo de la intervención quirúrgica… ante cuya falta la ablación no será practicada’”.
“En estos términos, en el acto de disposición de órganos y materiales anatómicos -como lo admite el demandado en el escrito de apelación-, ‘prevalece la voluntad del interesado en el acto de donar’, como expresión de su decisión de donar o no donar”, indicó.
De este modo, destacó, “en la ley de trasplante de órganos y tejidos no renovables (cuya aplicación para la ‘obtención y preservación de células progenitoras hematopoyéticas y su posterior implante a seres humanos’ ha sido decidida por el legislador) y en las normas reglamentarias de la misma aparece instrumentada la previsión de varios recaudos a los fines de la donación e implante entre personas vivas, en las que rige el principio de la donación voluntaria, con acabado conocimiento y pleno consentimiento del acto de disposición en cuestión”.
Así, en el caso, dijo que “los actores han cumplido determinados actos (al contratar con un laboratorio privado, tercero ajeno a esta litis), tendientes a materializar su voluntad de conservar células progenitoras hematopoyéticas que fueron extraídas de la sangre de la placenta y del cordón umbilical en el momento del parto de su hija. Por el contrario, no han manifestado su decisión de donar ese material biológico, que especialmente previeron mantener bajo un sistema de criopreservación, con una finalidad -exclusiva- de uso autólogo, para el caso que -en el futuro- debiese ser utilizada para el tratamiento de alguna enfermedad que padeciera su hija”.
“No es posible pues entender que haya existido expresión de voluntad sobre acto de disposición alguno por parte de los actores, padres de la menor, que se han limitado a adoptar una conducta acorde con su decisión de preservar -para un exclusivo uso autólogo- las células progenitoras hematopoyéticas del cordón umbilical y de la placenta a la que aquélla se encontró unida intrauterinamente”, agregó.
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fallo prohíbe la emisión de una publicidad oficial contra Fibertel
La Justicia ordenó al Gobierno retirar de los canales que transmiten "Fútbol para Todos" una publicidad oficial que intenta "desacreditar, denigrar o desmerecer" a la marca Fibertel, en el marco de la contienda por el cese de la licencia para la prestación del servicio de Internet.
El juez en lo Civil y Comercial Edmundo Carbone, hizo lugar a una medida cautelar que solicitó Fibertel y ordenó a la Jefatura de Gabinete, la Secretaria de Comunicaciones y Comisión Nacional de Comunicaciones que se abstengan de difundir la publicidad cuestionada.
Puntualmente, el fallo se refiere a un spot donde un locutor, en emisiones de "Fútbol para Todos", le hablaba al televidente diciéndole: "Si sos usuario de Fibertel en estos días, esa empresa te contó un cuento. Como sabemos que querés estar informado, hay cosas que tenés que conocer".
"¿Qué pasó? -decía la publicidad-. Fibertel, una de las tantas operadoras de Internet de la Argentina, estaba funcionado sin la debida licencia. Ahora, bien. Si la empresa sabía que no estaba autorizada y no informó, todos los usuarios eran perjudicados". En otro tramo, la publicidad instaba a iniciar juicio a la operadora de Internet. "¿Le puedo iniciar un juicio?, sin duda, tenés todo el derecho a reclamar por aquello que pagaste mientras la empresa funcionaba de forma ilegal", preguntaba y respondía el spot oficial.
En agosto pasado, a través de la resolución 100/10, la Secretaría de Comunicaciones declaró la caducidad de la licencia de Fibertel.
Frente a ello, Fibertel abrió un reclamo legal para cuestionar esa decisión, pero comenzó a difundirse una publicidad que la empresa entendió que estaba denigrando su imagen, informó la agencia DyN.
Presentó así un amparo reclamando que la publicidad deje de emitirse a raíz del daño que puede causarle, mientras avanza su reclamo legal por el corte de la licencia que hizo el Estado sobre su firma.
En sus fundamentos y ante eventuales cuestionamientos, el fallo remarcó que los jueces se encuentran "facultados para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces tendientes a evitar que se produzcan infracciones a los derechos de la propiedad intelectual, 'en particular cuando haya posibilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos'".
El juez Carbone dio por cierto "la verosimilitud del derecho invocado" por Fibertel, y destaca que "en las publicidades señaladas se hace mención de la marca de la actora, intentando desacreditarla, denigrarla o desmerecerla".
Incluso, puntualizó que el spot tiene "el agregado de que se alude a un juicio explícitamente disvalioso hacia la marca de la accionante".
Al mismo tiempo, el magistrado justificó que la resolución debía dictarse de inmediato ("peligro en la mora") frente al "daño irreparable que invoca la peticionaria sobre la base del descrédito que le origina la difusión de los avisos mencionados, apareciendo como más que probables la concreción de daños de difícil reparación ulterior".
Frente a este escenario, el fallo dispone "hacer lugar a la medida cautelar y ordenar en forma provisional a la demandada que se abstenga de difundir el comercial identificado en los anexos C, D y E y/o cualquier otro comercial que utilice la marca Fibertel por cualquier medio de propalación que fuere".
Y notificó la decisión a los canales de televisión abierta 7 y 9 y a las señales de cable Crónica y 26, "que deberán abstenerse de difundir" esos comerciales.
El juez en lo Civil y Comercial Edmundo Carbone, hizo lugar a una medida cautelar que solicitó Fibertel y ordenó a la Jefatura de Gabinete, la Secretaria de Comunicaciones y Comisión Nacional de Comunicaciones que se abstengan de difundir la publicidad cuestionada.
Puntualmente, el fallo se refiere a un spot donde un locutor, en emisiones de "Fútbol para Todos", le hablaba al televidente diciéndole: "Si sos usuario de Fibertel en estos días, esa empresa te contó un cuento. Como sabemos que querés estar informado, hay cosas que tenés que conocer".
"¿Qué pasó? -decía la publicidad-. Fibertel, una de las tantas operadoras de Internet de la Argentina, estaba funcionado sin la debida licencia. Ahora, bien. Si la empresa sabía que no estaba autorizada y no informó, todos los usuarios eran perjudicados". En otro tramo, la publicidad instaba a iniciar juicio a la operadora de Internet. "¿Le puedo iniciar un juicio?, sin duda, tenés todo el derecho a reclamar por aquello que pagaste mientras la empresa funcionaba de forma ilegal", preguntaba y respondía el spot oficial.
En agosto pasado, a través de la resolución 100/10, la Secretaría de Comunicaciones declaró la caducidad de la licencia de Fibertel.
Frente a ello, Fibertel abrió un reclamo legal para cuestionar esa decisión, pero comenzó a difundirse una publicidad que la empresa entendió que estaba denigrando su imagen, informó la agencia DyN.
Presentó así un amparo reclamando que la publicidad deje de emitirse a raíz del daño que puede causarle, mientras avanza su reclamo legal por el corte de la licencia que hizo el Estado sobre su firma.
En sus fundamentos y ante eventuales cuestionamientos, el fallo remarcó que los jueces se encuentran "facultados para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces tendientes a evitar que se produzcan infracciones a los derechos de la propiedad intelectual, 'en particular cuando haya posibilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos'".
El juez Carbone dio por cierto "la verosimilitud del derecho invocado" por Fibertel, y destaca que "en las publicidades señaladas se hace mención de la marca de la actora, intentando desacreditarla, denigrarla o desmerecerla".
Incluso, puntualizó que el spot tiene "el agregado de que se alude a un juicio explícitamente disvalioso hacia la marca de la accionante".
Al mismo tiempo, el magistrado justificó que la resolución debía dictarse de inmediato ("peligro en la mora") frente al "daño irreparable que invoca la peticionaria sobre la base del descrédito que le origina la difusión de los avisos mencionados, apareciendo como más que probables la concreción de daños de difícil reparación ulterior".
Frente a este escenario, el fallo dispone "hacer lugar a la medida cautelar y ordenar en forma provisional a la demandada que se abstenga de difundir el comercial identificado en los anexos C, D y E y/o cualquier otro comercial que utilice la marca Fibertel por cualquier medio de propalación que fuere".
Y notificó la decisión a los canales de televisión abierta 7 y 9 y a las señales de cable Crónica y 26, "que deberán abstenerse de difundir" esos comerciales.
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